En menos de 24 horas, el régimen de Alan García ha añadido cuatro muertos a su prontuario de sangre.
Las víctimas son campesinos de Barranca, Arequipa y Ayacucho que se manifestaban como parte de la huelga agraria a la que se han sumado millones de campesinos.
Esos muertos son la prueba mortal de que la paralización no había fracasado.
Dos de los muertos son de Quinua, Ayacucho. Uno, según ha confirmado una corresponsal del Canal N, tiene tres impactos de bala en la cabeza; el otro, muestra dos impactos en la misma región. Eso significa asesinato, no producto de un choque.
En el caso del campesinado de Barranca, hubo un muerto, también de disparo a la cabeza, y numerosos heridos. En esa población, el paro había sido acatado por el 90 por ciento de los agricultores.
Los policías, me escribe un corresponsal espontáneo desde Barranca, “una vez en la parte alta (de una zanja) abrieron fuego hacia la otra parte (oeste), apuntando y disparando a matar sin miramientos, como si se tratara de un fusilamiento, cayendo muchos heridos durante la huida.”
“Esta orden de matar fue dada por las altas esferas del gobierno al mediodía, según mencionó uno de los policías a una emisora local.”
La orden de matar lleva la firma de Alan García. Es él, en efecto, quien ideó en julio de 2007 el Decreto Legislativo 982, que modifica el artículo 20 del Código Penal y declara inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria.”
Si los policías resultan inocentes, García viene a ser el asesino reglamentario. Sus cómplices son el siempre amenazante Jorge del Castillo, y Luis Alva Castro, ministro del Interior, el que da las órdenes directas de apretar el gatillo.
La ira del campo no se aplaca con diálogos de última hora y convenios vagos y sin almanaque.
El viernes 15 apunté aquí que en 18 meses el gobierno alanista no se había reunido ni una sola vez con los gremios agrarios. En cambio, García se reúne cada lunes con los tagarotes del campo.
Los campesinos han estado buscando diálogo y se les ha respondido con violencia y muerte. Ahora, el régimen promete diálogo. Las direcciones agrarias aceptan. Ha empezado el tiempo del suspenso.
Las banderas del paro son justas. No hay que olvidar sus demandas centrales: Definición de una política agraria y protección del agro peruano frente al TLC con Estados Unidos; vigencia de la actual Ley de Aguas, no al proyecto de Aguas del Ejecutivo; plena vigencia de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas; no a la subasta pública de las tierras de costa, sierra y selva; declarar en emergencia el agro afectado por el terremoto.
Podrán matar campesinos; no podrán abatir sus banderas.
